Clare Melford, una británica de 52 años, recibió un email el 23 de diciembre informándole que su visado para entrar en EE UU, donde planeaba viajar en enero por trabajo, pasó de «aprobado» a «pendiente». Minutos después, su móvil comenzó a recibir mensajes: la subsecretaria de Estado, Sarah B. Rogers, la mencionó en un tuit como uno de los cinco extranjeros a quienes EE UU había decidido negar la entrada al país. Melford dirige el Global Disinformation Index (GDI), una organización que monitoriza sitios web en busca de desinformación y discursos de odio.
«Fue un shock. Nunca es agradable ser señalada así, especialmente horas antes de Nochebuena», explica Melford a EL PAÍS. El 24 de diciembre, recibió otro email del programa ESTA, que gestiona los visados a EE UU, indicando que su viaje no estaba autorizado. «No me dieron ninguna explicación, ni me la han dado hasta ahora». Aún no ha decidido si tomará alguna medida legal.
Reacción de Thierry Breton ante el veto
El excomisario europeo de Mercado Interior y Servicios Digitales, Thierry Breton, es el más reconocido de los europeos vetados por EE UU. Se le acusa de ser «el cerebro del Reglamento de Servicios Digitales», diseñado para regular a las grandes tecnológicas. Esta decisión de denegar visados a cinco personas es, según la Administración Trump, una respuesta a la supuesta «censura» de la UE hacia redes sociales como X, propiedad de Elon Musk.
Según el secretario de Estado, Marco Rubio, el veto se debe a que estos individuos han llevado a cabo esfuerzos organizados para coaccionar a plataformas estadounidenses. La Casa Blanca considera a Melford, Breton y otros tres directivos de ONG como «activistas radicales» que han contribuido a los esfuerzos de la UE para regular a las grandes plataformas digitales.
La implicación de la Casa Blanca
Imran Ahmed, director del Center for Countering Digital Hate (CCDH), también está en la lista negra. Ahmed señala que EE UU está actuando en favor de las grandes tecnológicas y que la decisión de vetar a estos activistas es un intento de silenciar sus investigaciones sobre el aumento de contenido de odio en plataformas como X. La multa de 120 millones impuesta a X por falta de transparencia se basó en informes del CCDH.
Ahmed, quien vive en EE UU con su familia, ha tomado medidas legales para proteger su estatus de residente permanente. Las tensiones aumentan, y su caso es particular ya que teme ser arrestado por las políticas de inmigración.
Impacto en organizaciones europeas
Anna-Lena von Hodenberg, codirectora de HateAid, también figura en la lista negra. Su organización ofrece apoyo a personas afectadas por discursos de odio. Von Hodenberg opina que el veto desafía la soberanía europea y busca obstruir la aplicación de la DSA en empresas estadounidenses. Por otro lado, ha enfrentado consecuencias financieras debido a esta situación.
La respuesta de las organizaciones europeas se centra en defender su trabajo y en la necesidad de seguir investigando. Ahmed concluye que el veto solo les dará más fuerza para continuar su labor, asegurando que la ciudadanía no debe permitir que se silencien sus voces.
