El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha dado a conocer un nuevo plan para prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años, describiéndolas como el “salvaje Oeste digital”. Esta medida forma parte de un conjunto de cinco iniciativas que incluyen la verificación de la edad, la responsabilidad de los directivos tecnológicos y la conversión en delito de la modificación de algoritmos.
Desde la perspectiva del jurista Borja Adsuara, algunas de estas medidas no son novedosas y presentan riesgos jurídicos. Además, expertos advierten sobre la creación de un entorno digital que podría desatender las necesidades de la infancia.
Prohibición de acceso para menores de 16 años
La legislación actual prohíbe a menores de 14 años facilitar datos personales sin autorización parental para abrir cuentas en redes sociales, según la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). La propuesta de elevar la edad mínima a 16 años también se recoge en el proyecto de la Ley Orgánica para la protección de los menores en el entorno digital. La novedad radica en que se prohibiría el registro en redes sociales incluso con el consentimiento de los padres.
El Gobierno ha declarado que ya cuenta con una herramienta para verificar la edad, aunque no se han proporcionado detalles al respecto.
Verificación de edad y su legalidad
Adsuara explica que la cuestión no es simplemente elevar o bajar la edad, sino que la verificación real de la misma no ha sido efectiva. A pesar de la existencia de normativas, no se han implementado sanciones adecuadas debido a la falta de tecnología segura para realizar estas verificaciones.
Existen tres normativas europeas que exigen a las plataformas que verifiquen la edad de sus usuarios: el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), el Reglamento de Servicios Digitales (DSA) y la Directiva de Servicios Audiovisuales, que fue incorporada en España a través de la Ley General de Comunicación Audiovisual en 2022.
Protección de menores y educación digital
Nacho Guadix, de Unicef, considera que es esencial fomentar un debate sobre la responsabilidad de las plataformas, indicando que simplemente excluir a los menores de las redes no crea un espacio seguro. Propone que es crucial enseñar a los menores sobre competencias digitales, ciberseguridad y desinformación.
La psicóloga Silvia Álava enfatiza que la responsabilidad no debe recaer solo en las familias, sino también en las grandes tecnológicas, que tienen un papel en la creación de entornos que fomentan la adicción. Resalta que los menores requieren un apoyo real de sus pares para construir vínculos seguros.
Problemas de privacidad y tecnología
En varios países, se han implementado medidas para regular el uso de Internet por parte de menores. Algunas tecnologías de identidad digital utilizan sistemas de estimación de edad mediante escaneo facial, lo que plantea serias dudas sobre la privacidad y la seguridad de los datos de los menores.
Adsuara sugiere que el Reglamento de Identidad Digital Europea, que utiliza certificados digitales, es una alternativa más respetuosa con la privacidad, ya que no se requieren datos biométricos. Sin embargo, este sistema aún no está operativo.
Eficacia de las medidas propuestas
Guadix resalta que limitar el acceso por edad no siempre resulta efectivo, citando el caso de Australia, donde los jóvenes utilizan plataformas no restringidas o VPN para eludir controles. Adsuara también indica que estas medidas no garantizan el 100% de eficacia.
Ambos expertos coinciden en que estas acciones pueden dar una falsa sensación de seguridad y desviar la atención de problemas más complejos que requieren soluciones integrales.
La trazabilidad del odio y la responsabilidad de los directivos
Adsuara advierte que la medida sobre la trazabilidad del odio plantea serios interrogantes sobre quién define el odio y la desinformación. Considera que esta responsabilidad no debería recaer en órganos gubernamentales, sino en entidades independientes.
Finalmente, el Gobierno ha propuesto penalizar a directivos de plataformas por el contenido publicado por terceros. Sin embargo, la Comisión Europea ha expresado dudas sobre la viabilidad de esta medida, y Adsuara también la ve como inviable.
