El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado un plan para que las redes sociales sean menos nocivas, enfocándose en la protección de los jóvenes. Durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái, anunció su intención de prohibir el acceso a redes sociales para menores de 16 años. Además, se busca aumentar el control sobre estas plataformas a través de un sistema denominado ‘huella de odio y polarización’, que clasificará las plataformas según la presencia de contenido de odio.
Preocupaciones sobre la iniciativa
Expertos en derecho digital han expresado su inquietud respecto a este proyecto. Temen que se utilice la seguridad de los menores como justificación para el seguimiento de contenido contrario al Gobierno. Borja Adsuara, abogado y exdirector de Red.es, afirma que la medida podría llevar a que el Gobierno defina arbitrariamente lo que considera ‘odio’ o ‘desinformación’.
Además, se critica la posibilidad de que el Gobierno presione a las plataformas para eliminar contenido legal que no le agrade, lo que podría poner en riesgo la libertad de expresión. Sergio Carrasco Mayans, jurista e ingeniero informático, señala que este control podría ser similar a crear un ‘ministerio de la verdad’.
Efectividad de las restricciones
Los expertos cuestionan la eficacia del plan para restringir el acceso de menores a redes sociales. Este proyecto va más allá de una propuesta anterior que solo elevaba la edad mínima para crear cuentas. Para que sea efectivo, se necesitan acuerdos políticos y mecanismos de verificación de edad que las plataformas deben implementar, lo cual resulta complicado.
Antonio Fernandes, hacker, menciona que siempre ha habido formas de eludir estas restricciones. En países como Australia y el Reino Unido, donde se han impuesto límites de edad, los jóvenes han encontrado maneras de sortear las prohibiciones, lo que cuestiona la viabilidad del plan de Sánchez.
Responsabilidades de las plataformas
Sánchez también ha propuesto hacer a los directivos de las redes responsables penalmente por infracciones en sus servicios. Esto ha llevado a preguntas sobre si se buscará encarcelar a figuras como Mark Zuckerberg. Actualmente, la Ley de Servicios Digitales de la UE establece que las plataformas son responsables de retirar contenido ilegal solo cuando son conscientes de su existencia.
El Gobierno también pretende penalizar la manipulación de algoritmos que facilite la difusión de contenido ilegal. Sin embargo, demostrar esta manipulación puede ser complicado sin la cooperación de las plataformas, lo cual requiere órdenes judiciales.
La postura de Sánchez ante las redes sociales
Para muchos expertos, los anuncios de Sánchez parecen tener como objetivo posicionarlo como un líder en la lucha contra el poder de las plataformas digitales. Durante su intervención en el Foro Económico de Davos, mencionó que estas plataformas han concentrado poder y riqueza, afectando la cohesión social y la salud mental.
Recientemente, el PSOE solicitó la comparecencia de Zuckerberg en el Congreso para abordar un supuesto caso de espionaje a usuarios de aplicaciones de Meta. Sin embargo, el CEO no asistió, enviando en su lugar a un representante de la empresa.
