Alemania busca fortalecer el poder de decisión de los Estados miembros en el nuevo marco de certificación europea de ciberseguridad, que se incluye en la reforma de la Cybersecurity Act (CSA2) presentada por la Comisión Europea.
El gobierno alemán solicita una participación más activa de los Estados en la definición de los objetivos de seguridad, adaptándose a la evolución de las tecnologías y ciberamenazas.
Propuestas de Alemania para la CSA2
Según un documento de debate al que accedió MLex, se destaca que el conocimiento especializado en ciberseguridad se encuentra mayormente en los Estados miembros, lo que justifica su participación en el proceso.
En particular, Alemania propone que la Comisión Europea utilice actos de ejecución en lugar de actos delegados para modificar los objetivos de seguridad, asegurando así una participación formal de los Estados antes de la adopción de cualquier medida.
Alineación con Normativas Europeas
La propuesta alemana también aboga por una mejor alineación de la CSA2 con las normas europeas actuales sobre productos, conocidas como Nuevo Marco Legislativo. Esta normativa establece un marco común para la certificación de productos en toda la UE, en lugar de crear procedimientos separados.
Además, se sugiere la integración de la certificación de profesionales de la ciberseguridad en el marco existente.
Demanda de Control Nacional
La postura de Alemania refleja una demanda más amplia entre las capitales europeas. En abril, un análisis de MLex indicó que 20 Estados miembros abogaban por una reforma integral del marco de ciberseguridad, buscando mayor control nacional y una gobernanza más clara.
Un grupo significativo de países, incluyendo España y Bélgica, ha defendido la necesidad de fortalecer el control de los Estados sobre los procedimientos de certificación.
Impacto Económico en las Telecomunicaciones
El debate sobre la regulación también tiene un componente económico importante. La propuesta de revisión de la Ley de Ciberseguridad prevé la retirada gradual de equipos de proveedores considerados de alto riesgo en un plazo de tres años.
Un análisis reciente de GSMA Intelligence estima que este proceso podría costar entre 30.000 y 40.000 millones de euros a las empresas de telecomunicaciones europeas, afectando la competencia y las inversiones.
España ha estado involucrada en las negociaciones de la CSA2, apoyando la simplificación del marco de certificación y la participación activa de los Estados en el proceso.
La iniciativa alemana resalta la necesidad de equilibrar una certificación común para toda la UE con la capacidad de los Estados miembros para influir en decisiones que impactan su seguridad nacional.
