El ‘hacker’ Román Ramírez recuerda la primera vez que la página web de su empresa, RootedCon, sufrió bloqueos de IP por parte de LaLiga. En un fin de semana de enero o febrero del año pasado, la web se volvió inaccesible. Inicialmente, pensaron que era un problema interno, pero pronto se dieron cuenta de que era un fenómeno más amplio. Durante los partidos, muchas páginas de diferentes empresas se vuelven inaccesibles, afectando incluso a medios de comunicación, plataformas de videojuegos y redes sociales.
Impacto de los bloqueos en servicios esenciales
Ramírez menciona que un año después, muchos han asumido que los días de fútbol traen problemas en internet, lo cual considera peligroso. Según él, el problema comenzó en diciembre de 2024, cuando un juzgado de Barcelona autorizó a LaLiga a solicitar bloqueos de IP a los operadores de telecomunicaciones. Esto provoca que sitios legítimos sufran consecuencias por el bloqueo de una única dirección IP.
El experto en ciberseguridad destaca casos graves de impacto. Uno es el de Madrid Salud, que no pudo acceder al historial clínico de los pacientes. Otro es una aplicación de teleasistencia que dejó de funcionar. Ramírez critica la postura de LaLiga, comparando su enfoque con acciones policiales indiscriminadas que podrían afectar a inocentes.
Acciones legales y respuesta del Gobierno
Para combatir los bloqueos, RootedCon y otros afectados presentaron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en mayo. Ramírez espera una pronta respuesta. Si la justicia no actúa, planean llevar el caso a tribunales europeos y liberar herramientas legales para que los usuarios eviten bloqueos.
Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas, también está en la lucha. Junto con otras organizaciones, presentó un nuevo requerimiento al Defensor del Pueblo para que el Gobierno actúe sobre los bloqueos. Sin embargo, tras dirigirse a las autoridades competentes, no obtuvieron respuestas satisfactorias.
La indiferencia del Gobierno y la situación actual
Tejerina señala que el silencio del Gobierno es preocupante. La falta de respuesta se ha evidenciado, incluso, con una foto del secretario de Estado en un acuerdo con LaLiga, lo que sugiere que la empresa privada influye en las decisiones gubernamentales. La abogada critica que el Gobierno ha ignorado sus peticiones de intervención.
Desde el Ministerio de Transformación Digital, se afirma que están escuchando a instituciones y usuarios afectados, pero que los bloqueos se realizan bajo orden judicial. Tejerina considera grave que el juez no haya rectificado su decisión, ignorando el daño evidente causado por los bloqueos.
LaLiga, por su parte, niega que los bloqueos sean masivos, asegurando que su sistema ha reducido la piratería un 60% en la temporada 2024/25. Atribuyen la situación a Cloudflare, que comparte IPs con múltiples páginas, causando efectos colaterales en sitios legítimos.
Ramírez reconoce los beneficios de Cloudflare, pero advierte que la demanda de LaLiga para un acceso más directo podría agravar la situación. El caso ha llegado al Congreso, donde se votó en contra de una proposición que pedía la intervención del Gobierno. El Ejecutivo ha instado a afectados a ejercer sus derechos por vías legales.
