El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ha anunciado una investigación criminal contra OpenAI y su herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. Esta acción se debe a que se presume que la IA «aconsejó» al autor de un tiroteo masivo que resultó en dos muertes en una universidad en 2025.
Uthmeier afirmó que Florida está liderando la lucha contra el uso de la IA en delitos. En una rueda de prensa, mencionó que si ChatGPT fuese una persona, podría enfrentar cargos de asesinato.
Detalles de la investigación
La investigación se inició tras una revisión del historial de conversaciones entre ChatGPT y Phoenix Ikner, un estudiante de 21 años acusado del ataque en la Universidad Estatal de Florida (FSU) en abril de 2025.
El fiscal general subrayó que ChatGPT ofreció consejos significativos al tirador, incluyendo recomendaciones sobre armas y municiones adecuadas para el ataque.
Además, Uthmeier destacó que la indagatoria evaluará si OpenAI tiene responsabilidad criminal, dado que la legislación de Florida considera un delito «ayudar, incitar o aconsejar» en la comisión de un crimen.
Reacciones y contexto legal
Las autoridades han solicitado a OpenAI que entregue «todas las políticas y materiales de entrenamiento interno» relacionados con las amenazas que pueden perjudicar a otros. También se requiere una lista de directivos y empleados de la compañía.
Mark Glass, comisionado del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida, señaló la importancia de ser conscientes de los riesgos asociados con esta nueva tecnología y los posibles daños que ya ha causado en la comunidad.
Este caso refleja el creciente combate legal en Florida contra las empresas de IA. Recientemente, una familia demandó al chatbot de Gemini, alegando que indujo a un hombre al suicidio bajo la creencia de que existía una relación romántica entre ellos.
El gobernador Ron DeSantis ha manifestado su intención de regular la IA en el estado, lo que incluye la creación de centros de datos y medidas de protección para los usuarios. Esto ocurre a pesar de la orden del presidente Donald Trump de establecer una normativa federal que impida restricciones estatales.
